Por Pablo Martínez, Coordinador de Proyectos Educativos de Fundación Todo Mejora

En la actualidad, hablar de convivencia escolar es más importante y complejo que hace años atrás. Nos encontramos en medio de debates dominados por la preocupación por la seguridad, el aumento de la violencia en espacios educativos y una necesidad de “ordenar” las escuelas. En ese contexto, la entrada en vigencia de la nueva Ley de Convivencia Escolar representa una oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de convivencia queremos construir. 

La respuesta no es sencilla. Por un lado, la nueva legislación se sustenta en un marco normativo que ya existía. En Chile, la Ley 20.536 sobre violencia escolar define la convivencia escolar como «la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes». Más allá de la prevención de conflictos, esta definición invita a construir espacios donde el respeto, la inclusión y la participación formen parte de la vida cotidiana de las comunidades educativas. 

Esto adquiere especial relevancia para estudiantes LGBTIQA+, quienes muchas veces no pueden experimentar esa convivencia en condiciones de igualdad. Para este grupo, la convivencia escolar se ve atravesada por el miedo, la desconfianza y la invisibilidad. En este ámbito, Chile ha avanzado de manera sostenida con instrumentos como la Circular N.º 707, que establece los principios de no discriminación e igualdad de trato en todos los ámbitos educativos, y la Circular N.º 812, que entrega orientaciones específicas para resguardar los derechos de estudiantes trans, incluyendo el respeto por el nombre social y la confidencialidad de su identidad, ambas emitidas por la Superintendencia de Educación.

Sin embargo, trasladar estos principios a la práctica sigue siendo un desafío. En un escenario donde la seguridad ocupa un lugar central en el debate público, es comprensible que las primeras respuestas apunten a crear más normas, aumentar la supervisión o endurecer las sanciones. Nadie quiere comunidades educativas inseguras. El problema surge cuando la convivencia se entiende únicamente desde esa lógica, porque el orden, por sí solo, no construye confianza ni fortalece los vínculos entre las personas.

El origen de esta ley tiene un profundo componente humano. Su tramitación estuvo marcada por la historia de José Matías, evidenciando las consecuencias que puede tener una convivencia escolar que no logra proteger a quienes viven situaciones de discriminación y exclusión. Su historia evidenció la urgencia de fortalecer al sistema educativo para prevenir la violencia y promover comunidades basadas en el respeto.

La nueva Ley de Convivencia Escolar busca precisamente responder a esta brecha entre el marco normativo y la práctica, fortaleciendo el rol del Estado mediante una Política Nacional de Convivencia Educativa, creando el rol de coordinación de convivencia con dedicación exclusiva, planes de gestión, protocolos actualizados y una estrategia preventiva. Sin embargo, su existencia no garantiza por sí sola una mejor convivencia. Las normas permiten prevenir la violencia, pero construir comunidades donde las personas se sientan parte requiere una implementación que fortalezca también los vínculos, la participación y la corresponsabilidad. 

Esto implica reconocer que el conflicto es parte natural de la vida en comunidad y que el rol formador de ciudadanía de la escuela debe incluir la convivencia así como las normas, donde estudiantes, docentes, asistentes de la educación, equipos directivos y familias participen en la creación de los acuerdos que regulan la vida escolar, sosteniendo un espacio democrático y no autoritario. Esta resulta especialmente relevante para grupos que históricamente han tenido menos oportunidades de participar, como estudiantes LGBTIQA+, cuyas experiencias siguen evidenciando brechas entre los derechos reconocidos y las prácticas cotidianas.

También es un avance que la nueva ley otorgue mayor atención al bienestar de quienes trabajan en los establecimientos educacionales. Durante mucho tiempo, docentes, asistentes de la educación y equipos directivos han sido vistos principalmente como figuras de autoridad, más que como integrantes de la comunidad educativa cuyo bienestar también incide en la convivencia. Como consecuencia, gran parte de la discusión se ha concentrado en el estudiantado, dejando en un segundo plano las condiciones en que estos equipos desarrollan su labor. Sin embargo, resulta muy difícil construir comunidades basadas en el respeto y el cuidado cuando una parte importante de ellas no se siente cuidada. 

La entrada en vigencia de esta ley abre una ventana para fortalecer la convivencia escolar en Chile, pero su verdadero impacto dependerá de que se implemente desde una visión que promueva comunidades educativas más participativas, inclusivas y respetuosas, y no solo como un nuevo conjunto de obligaciones. El legado de José Matías nos recuerda que estas transformaciones requieren una implementación capaz de hacer de las escuelas espacios afirmativos, especialmente para quienes históricamente han vivido mayor exclusión como el estudiantado LGBTIQA+, y un compromiso de las comunidades educativas de llevarlas a cabo con convicción. Entonces, además de preguntarnos cómo hacer escuelas más disciplinadas y seguras, el desafío es construir espacios donde todas las personas puedan aprender y sentir que pertenecen. Esa es una conversación que, como país, aún tenemos pendiente.