Por Francisca Baeza, Directora de Innovación Social de Fundación Todo Mejora

El 24 de julio de 2012 entró en vigencia la Ley N.º 20.609, conocida por gran parte del país como «Ley Zamudio», en memoria de Daniel Zamudio, el joven asesinado ese mismo año tras sufrir un brutal crimen motivado por un crimen de odio. Hoy, a 14 años de su entrada en vigencia, esta fecha invita no solo a recordar el origen de esta legislación, sino también a preguntarnos cuánto hemos avanzado en la construcción de un país donde todas las personas puedan vivir libres de discriminación.

La Ley Antidiscriminación nació con un propósito claro: crear un mecanismo judicial para que las personas afectadas por actos de discriminación arbitraria, cometidos tanto por agentes del Estado como por particulares, pudieran acceder a una vía de protección y reparación. desde sus primeros años la ley también fue objeto de críticas. Aunque el proyecto comenzó a discutirse en 2005, su aprobación ocurrió en un contexto marcado por la conmoción social tras el asesinato de Daniel Zamudio, lo que aceleró su tramitación. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron entonces que la normativa, pese a su relevancia, y al tiempo que demoró en ver la luz, se aprueba de forma incompleta.

Uno de los principales cuestionamientos ha sido que la ley se concentra en reaccionar frente a la discriminación una vez ocurrida, más que en prevenirla. Además, el concepto de «discriminación arbitraria» ha resultado complejo de acreditar judicialmente, lo que ha dificultado que muchas personas accedan efectivamente a la protección que la norma promete.

Aun con esas limitaciones, la Ley Antidiscriminación ha significado avances importantes. Entre ellos, el reconocimiento de diversas categorías protegidas sí como la incorporación de agravantes para los llamados delitos de odio. Aunque esta última herramienta ha tenido una aplicación práctica limitada, marcó un precedente jurídico relevante para el reconocimiento de la violencia motivada por prejuicios.

La ley también ha tenido un impacto institucional y cultural. Durante estos años ha contribuido a instalar la discusión sobre la discriminación como un problema de derechos humanos, promoviendo el desarrollo de políticas públicas, iniciativas de sensibilización y redes de trabajo entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. Hoy, el desafío es dar un nuevo paso. La reforma que actualmente parece no avanzar en el Congreso (Boletín N.º 12.748-17), busca responder precisamente a las limitaciones que la experiencia de estos 14 años ha dejado en evidencia. Su objetivo es fortalecer la prevención, la reparación y la sanción de los actos discriminatorios, reconociendo que la legislación vigente no ha logrado responder plenamente a las expectativas de acceso a la justicia, particularmente para las personas LGBTIQA+.

Entre los principales cambios que propone la reforma destacan la incorporación de un enfoque preventivo, estableciendo la obligación de los órganos del Estado de desarrollar políticas públicas para prevenir la discriminación; la creación de una institucionalidad especializada,; la actualización de la definición de discriminación arbitraria y de las categorías protegidas y acreditación de los hechos discriminatorios.

Desde Fundación Todo Mejora creemos que avanzar en esta dirección no solo es importante: hoy es urgente.
La evidencia sigue mostrando que la discriminación continúa siendo una experiencia cotidiana para miles de personas LGBTIQA+ en Chile. Según nuestro análisis de la 11.ª Encuesta Nacional de Juventudes (ENJUV 2025), siete de cada diez juventudes LGBT+ (71,0%) reportan haber vivido situaciones de discriminación, cifra que aumenta a 81,7% entre las personas trans. Estos datos reflejan una realidad persistente que afecta el bienestar, la participación social y el ejercicio pleno de derechos de niñeces, adolescencias y juventudes.

Esta realidad también la vemos todos los días en #HoraSegura, nuestro programa de orientación y contención emocional por chat dirigido a niñeces, adolescencias y juventudes LGBTIQA+. Donde muchas de las personas que buscan apoyo no llegan únicamente por una crisis puntual, sino por el impacto acumulado de experiencias de rechazo, violencia, exclusión o discriminación vividas en sus familias, establecimientos educacionales, espacios de salud o comunidades.

Cuando la discriminación se vuelve parte de la vida cotidiana impacta profundamente la salud mental, deteriora el sentido de pertenencia, limita las oportunidades de desarrollo y aumenta el riesgo de problemas como la ansiedad, la depresión y la conducta suicida. Por eso, ninguna ley será suficiente si solo actúa cuando el daño ya ocurrió. Necesitamos una sociedad que prevenga antes de sancionar; que eduque antes de excluir; que promueva el respeto y la igualdad como principios cotidianos y no únicamente como respuestas judiciales frente a la violencia.

A catorce años de la entrada en vigencia de la Ley Antidiscriminación, es importante reconocer los avances alcanzados, pero también asumir que la protección efectiva de los derechos humanos requiere normas que evolucionen junto con la realidad del país. Fortalecer la ley no significa desconocer su importancia histórica, sino precisamente permitir que cumpla mejor el propósito para el que fue creada. Porque construir espacios seguros no depende únicamente de los tribunales. Es una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones, las comunidades y cada una de las personas que formamos parte de la sociedad.

Solo cuando la prevención tenga el mismo protagonismo que la sanción podremos avanzar hacia un Chile donde crecer y vivir siendo quien eres no implique enfrentar la discriminación como parte inevitable de la vida. Ese es el país que seguimos construyendo desde Fundación Todo Mejora.